Aprobada la
reforma laboral, brotaron como fuente los discursos tanto gubernamentales como
legislativos: ¨una reforma progresista¨, ¨justicia obrera¨. Frases
predeterminadas, dirigidas en un mismo sentido el impulso al desarrollo económico
y la generación de empleos que traerá las modificaciones a la Ley Federal del
Trabajo. Palabras predeterminadas de gran utilidad para aplastar,
momentáneamente, la realidad que aspira a ocultar cualquier dependencia de
comunicación social. El empoderamiento de las tarjetas informativas explicando,
al alto funcionario, el resultado final del proyecto sería la brújula del
mensaje rector para salir avante de una entrevista banquetera, del servidor público.
Posicionamientos clarividentes; declaraciones
livianas; una norma jurídica ruborizada ante las acumuladas expectativas. Una
sociedad civil suspicaz, abrumada por la retórica de siempre. Empresarios
armando rompecabezas, seleccionando piezas entre las contrastadas opiniones.
Mientras tanto yo, subestimando el poderío de la
ley reglamentaria del 123 constitucional, ingratitud pura que, durante veinte
años de ejercicio profesional en materia laboral, no me había percatado de esos
alcances.
Retórica punzante
que, como hechizo, decreta desbancar los obstáculos reales que impiden el
crecimiento económico y, por ende, la
generación de empleo: la inseguridad, la violencia, los secuestros; la falta de
estímulos fiscales, la abundancia de corrupción, el aumento del Impuesto Sobre
Nómina en las entidades se tendrá que rendir ante los inminentes frutos de la
reforma laboral.
Me declaro culpable de no entender a aquellos
políticos del 2012 (PRI-PAN) que sentenciaron la derrama económica que
obtendríamos con la reforma de aquella época. Hoy, inmerso en mis
distracciones, no tengo perdón al ser reincidente de tan loables gestiones
legislativas que se fraguaron, perdón, se gestaron en el Congreso de la Unión
(MORENA) al aprobarse la reforma, pero ahora, sí prometo poner un poco más de
atención al análisis, estudio, crítica, de la Ley, ya no me sorprenderá.
Justifico a mis colegas de los años ochenta,
noventas y del nuevo milenio, ya que a ellos no les correspondió ninguna
reforma de trascendencia, y no disfrutaron de los alcances, pero, les envidio
la tranquilidad jurídica que propiciaban los criterios de los Tribunales de
Amparo al resolver los juicios laborales de aquellos ayeres. Ahora, sólo
abrigaré las bondades de la reforma; con la embestida de las versátiles
resoluciones de los Tribunales actuales, digo, no hay beneficio, sin
sacrificio.
La norma legal reformada se divide
en tres grandes partes: individual, colectiva y procesal. La primera de ellas, con mínimas modificaciones, una
ligera ventana de oportunidad se abre
para el empleador en el último párrafo del artículo 47 referente a la rescisión
de trabajo; otras, el cambio de
términos, de vocablos, para adecuarla al nuevo paradigma laboral, sustituir
Junta de Conciliación y Arbitraje por Tribunal.
La colectiva me
entusiasma, me gusta ese fervor que le impregnan las antiguas centrales obreras
en contra de quienes se quieren apoderar, a través de la vía legal y del nuevo
gobierno, de la titularidad de los contratos colectivos, siempre en busca de
los beneficios de la clase trabajadora. Es un tema político y ya sabe usted que
en donde hay intereses partidistas, sectoriales, de masas, siempre habrá un
claro propósito filantrópico para nuestros semejantes. El sector empresarial es
lo de menos en este apartado, le corresponderá ser espectador del duelo de
grandes titanes de la acrobacia colectiva en una serie de disputas
intersindicales, total, lo que ya tenía avanzado en la estabilidad y armonía
laboral en su empresa no es nada comparado con el futuro triunfo de la
democracia sindical.
En la parte procesal, obtendremos un claro
beneficio al transferir la justicia laboral al Poder Judicial, ahora sí, ahora
sí mis colegas, se acabará la corrupción en la que nos mantenían las Juntas de
Conciliación y Arbitraje, pero sobre todo ese letargo que nos sofocaba. Lo que
más me irritaba del tripartidismo eran esos inmensos debates entre los
representantes del gobierno (presidente) patronal y obrero, horas y horas de
análisis al fijar la postura de cada uno, defendiendo a los suyos. Ahora todo eso quedará de la mano de una sola
pluma, el Juez.
Lo de la parte del nuevo
procedimiento
prefiero omitirlo, no sea que me vaya a leer un empresario o representante
patronal y sienta ofensivas mis letras, ahora le corresponderá acreditar hechos
negativos en la reforma al artículo 784. Pero
bueno, no todo está perdido, en una de esas corre con la misma suerte, y así
como el legislador engañó a la Constitución al aprobarse las leyes
reglamentarias de la reforma laboral desfasadas con más de dos años, no creo
que la suerte abandone al empresario y se pueda duplicar los tres y cuatro años
para que entren en funciones los Tribunales Locales y Federales.
Me hace
recordar un fragmento de un artículo reciente del maestro Luis Rubio: ¨El crecimiento se finca en la inversión y
esta depende de la disposición del inversionista a asumir el riesgo de que su
proyecto resulte exitoso; que haya mercado para sus productos; que no haya
barreras nuevas al crecimiento de su empresa; que las fronteras no sean un
obstáculo a la exportación de sus bienes o a la importación de sus insumos; que
la burocracia no invente impedimentos a su avance y que los empleados,
funcionarios y dueños de la entidad no sean injustamente atacados y
vilipendiados. No es casualidad que literalmente todos los gobiernos del mundo
se dediquen a atraer, con recursos y estrategias cuidadosamente articuladas,
nuevas inversiones y empresas. Las excepciones, como Corea del Norte y
Venezuela en la actualidad, lo dicen todo¨.
Tal vez el
confundido sea yo, valdría la pena averiguar con algún colega penalista, si su
código penal promueve los valores en la sociedad, a lo mejor ellos están más
avanzados que nosotros.
[1]
Doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Originario de
Reynosa, Tamaulipas. @HeberardoConH
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