“En el pensamiento del legislador,
El incremento de la penalidad
(amenaza)
Será tanto como aumentar la dosis de
antibiótico,
Para elevar las probabilidades de
que el sistema inmunológico
Venza a la enfermedad”
Gerardo Saúl Palacios Pámanes.
Libro: “La cárcel desde adentro”.
ORIGEN: el pasado 5 de abril leí una nota en el periódico El Norte: “Avalan aumentar penas por huachicoleo”
haciendo referencia a la aprobación del Senado de la República en endurecer con
más años de presión las penas por el robo de hidrocarburos.
La
aprobación de incrementar de 20 a 30 años a quien sustraiga hidrocarburos,
petrolíferos, petroquímicos, de ductos, de vehículos, equipos, instalaciones o
activos sin derecho y sin consentimiento de asignatarios, contratistas,
permisionarios, distribuidores de quien pueda disponer de ellos con arreglo a
la ley.
Sin
pretender analizar de la citada reforma legislativa, la cual fue referencia
para ingresar al estudio que nos ocupa de la rivalidad entre las altas penas y
la reinserción social.
OBJETIVO: este proceso electoral 2018, será de gran importancia y
transcendencia para los mexicanos, la renovación del titular del Poder
Ejecutivo, así como del Legislativo juega un papel protagónico en el futuro
inmediato de la nación.
Quiero
confesar en lo que respecta a Tamaulipas, que de lo que me ha tocado observar,
principalmente en redes sociales, (como medio inmediato) no he visto ninguna
propuesta respecto a la reinserción social, de todos los partidos políticos que
están compitiendo al Senado y Cámara de Diputados, me refiero a los tres
principales: PRI, PAN y MORENA; pudiera estar equivocado y tal vez existe
alguna postura fijada, pero por el momento no me consta y eso permite que mis
comentarios no estén contaminados con tal o cual postura al no llevar
dedicatoria.
FORMA: es
importante conocer la postura de los diversos aspirantes a legisladores
federales, porque de los actuales nos queda claro su posicionamiento acerca de
la readaptación social, hoy llamada constitucionalmente, reinserción social y
las altas penas.
En
el periodo presidencial de Felipe
Calderón Hinojosa se aprobó la “Ley Antisecuestro” la cual establecía
sanciones como las del artículo 11:
“Si las víctimas de los delitos previstos en la presente Ley son
privadas de la vida por los autores o participantes de los mismos, se impondrán
a estos una pena de cuarenta a setenta
años de presión y de seis a doce mil pesos de multa.”
En esa misma norma jurídica, Ley General para Prevenir y Sancionar los
Delitos en Materia Secuestros, en este periodo presidencial de Enrique Peña Nieto, en la reforma de
2014 del mimo numeral, establece lo siguiente:
“Si las víctimas de los delitos previstos en la presente Ley son
privadas de la vida por los autores o participantes de los mismos, se impondrán
a estos una pena de ochenta a ciento
cuarenta años de presión y de doce mil a veinticuatro mil días multa.”
Desde
la expedición de la Ley Antisecuestro, aumentaron las penas en un 100%, es
decir, del 2010 la máxima era hasta de 70 años y en el 2014 hasta 140 años de
presión.
Por
otra parte, es importante señalar lo que dispone el articulo 18 constitucional
respecto a la reinserción social y nos dice lo siguiente:
“El sistema penitenciario se organiza sobre la base del respeto a los
derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la
salud y el deporte como medios para lograr
la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a
delinquir, observando los beneficios que para el prevé la ley. Las mujeres
purgaran sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para
tal efecto.”
Para
el Doctor en Derecho Gerardo Saúl Palacios Pámanes,[1]
destacado investigador neoleonés,
establece la diferencia entre readaptación social y reinserción social.
Readaptación
social: se define como acción y efecto de aplicar un tratamiento individual,
progresivo y técnico con el cual revertir los factores criminógenos en el caso
concreto.
Reinserción social: se define como la última parte del tratamiento
readaptatorio, que consiste en el regreso del individuo a la comunidad y al grupo familiar, en su
caso, asistido, orientado y supervisado técnicamente por la autoridad
ejecutiva.
“Así entre readaptación y reinserción existe una relación de medio
y fin. La readaptación es el medio y la reinserción es el fin. Se readapta para
reinsertar. La readaptación se lleva a cabo en la cárcel; la reinserción en la
sociedad. Se readapta en cautiverio; se reinserta en la libertad.”
De esta ilustración de la readaptación y reinserción, se define
claramente cuál es el fundamento del sistema penitenciario en nuestro país y de
esto partiremos nuestra reflexión a las penas altas.
Sí es a través del sistema penitenciario que se pretende readaptar
y posteriormente reinsertar al delincuente a la sociedad y sí se establece sanciones
de hasta 140 años de cárcel a los plagiarios que asesinen a sus víctimas, por
citar algún ejemplo, no debemos de perder de vista que el nivel de vida es de
75 años de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
FONDO: ¿Reinsertar al delincuente?
O ¿Declarar el fracaso penitenciario? Buscando a toda costa encerrar al
delincuente que ya es considerado un fracaso de la reinserción.
Consideramos que es la impunidad la madre del fracaso penitenciario, no
se puede devolver a la sociedad de manera orientada a un individuo que tiene su
principal destreza delictiva en la cárcel, es decir, es una escuela de la
delincuencia. La impunidad no incide en el fondo de la reinserción.
Siguiendo con la opinión de Gerardo Palacios Pámanes nos dice: “En diversas ocasiones hemos tenido oportunidad
de dialogar sobre estos temas con diputados locales y federales. En esas
reuniones, expusimos que la mayor injusticia penitenciaria es que el 40% de la
población cautiva en todo el país es inocente. Obviamente obtuvimos una
respuesta de incredulidad, por lo que nos pidieron diéramos la razón de nuestro
dicho, dado que la afirmación les pareció ligera y temeraria. Respondimos que
la aseveración se basa en un dato muy sencillo; el 40% de la población cautiva
está conformada por población que ni cuenta con sentencia.”
Ahora bien, si lo que se pretende con el aumento de las penas es
que el aspirante a delincuente tenga temor de la sanción, la misma ha fallado,
desde la perspectiva de comunicar las sanciones, para generar ese miedo que
pretende el legislador y así evitar el delito.
Teniendo como ejemplo un estudio de campo que realizó el Doctor Palacios Pamanes, en su citada obra, con
internos del Estado de Nuevo León se evidencio que elevar las penas es inútil
para frenar los delitos, ya que de 2000 internos el 83% respondió desconocer las penas al momento de
cometer el delito.
Es decir, si el aumento de la pena es causar temor, ha fracasado
la labor de comunicación social, mas a un, tomando en cuenta la Encuesta Nacional
de Población Privada de la Libertad (ENPOL) arroja los siguientes datos:
A nivel nacional:
·
72.27 % cuenta con educación básica (152,160 presos)
·
19.27 % cuenta con educación media superior (40,576)
·
4.64 % cuenta con educación superior (9,766)
·
3.82 % no cuenta con ninguna escolaridad (8,035)
En Tamaulipas:
·
76.68 % cuenta con educación básica (4,198)
·
14.59 % cuenta con educación media superior (799)
·
3.14 % cuenta con educación superior (172)
·
5.59 % no cuenta con ninguna escolaridad (306)
Con estos datos proporcionados nos refleja el grado de escolaridad
que tienen los presos a nivel nacional y estatal, se supone que a mayor nivel
educativo, mayor informados de las penas que traerían cometer un acto delictivo
y los números son contundentes.
CONCLUSION:
esta
enfermedad social es de cura complicada, cuya única ampolleta se encuentra en
la educación, en la integración familiar, en las oportunidades laborales, en
invertir y apostarle de manera exagerada a este medicamento social.
Aumentar las penas de los delitos equivale: en vez impermeabilizar
el techo de una casa, solo poner cubetas en la sala, nunca vamos acabar,
simplemente porque son cosas que estamos haciendo equivocadamente, porque no
utilizamos un pensamiento lógico básico al momento de reflexionar.
En un país que no es de leyes, no impacta en la realidad por
reformar las leyes.
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